- Colombia abre procesos para asignar espectro de 900 MHz a nivel local en zonas rurales sin cobertura 4G.
- Los permisos se dirigen a comunidades de conectividad sin ánimo de lucro y a pequeños operadores de internet fijo.
- El espectro se otorgará por 5 años, con enfoque en internet fijo residencial y servicios móviles en áreas apartadas.
- La consulta pública de los borradores regulatorios estará abierta hasta el 16 de febrero de 2026.
Colombia ha puesto en marcha un proceso clave para asignar espectro radioeléctrico con fines de conectividad rural, con el objetivo de llevar internet fijo residencial y servicios móviles a zonas apartadas que siguen fuera del mapa digital. Se trata de un movimiento regulatorio que busca involucrar tanto a pequeños operadores como a organizaciones comunitarias, tratando de que la conectividad deje de ser un lujo reservado a las grandes ciudades.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha publicado proyectos de resolución para habilitar el uso local de la banda de 900 MHz, una franja del espectro especialmente valorada por su capacidad de cubrir amplias superficies con menos infraestructura. Con esta iniciativa, el Gobierno colombiano persigue acelerar el despliegue de redes 4G y reforzar la oferta de internet fijo en zonas rurales y remotas del país, y la conectividad satelital aparece como alternativa complementaria en lugares de difícil acceso.
Un nuevo proceso para asignar espectro en la banda de 900 MHz
El plan regulatorio contempla la entrega de permisos de uso local del espectro en 900 MHz a actores que hoy tienen una presencia limitada en el mercado, pero que pueden resultar determinantes para llevar servicio donde las grandes compañías no han llegado. La banda de 900 MHz es considerada especialmente adecuada para entornos rurales gracias a su mayor alcance y mejor penetración de la señal a través de obstáculos naturales. Iniciativas tecnológicas paralelas, como ciertos proyectos satelitales, también están cambiando el panorama de opciones de conectividad.
Según detalla el MinTIC, estas características permiten cubrir grandes extensiones geográficas con un número menor de antenas y equipos, lo que reduce los costes de inversión y hace más viable llevar conectividad a territorios dispersos o de difícil acceso. Sobre esta base técnica se articula el nuevo esquema de asignación de espectro, pensado para favorecer tanto la conectividad móvil 4G como el acceso a internet fijo residencial de última milla.
El proceso no se limita a un único tipo de beneficiario. El Ministerio plantea mecanismos diferenciados para que comunidades locales y pequeños proveedores de telecomunicaciones puedan optar a permisos de uso del espectro. La idea es aprovechar modelos de operación más cercanos al territorio, que conozcan de primera mano las necesidades de las poblaciones rurales.
Los permisos se otorgarían para ser usados en ámbitos de cobertura local y por un periodo inicial de cinco años, lo que da un marco temporal suficiente para desplegar redes, consolidar proyectos y evaluar su impacto. Este enfoque local contrasta con las grandes subastas nacionales de espectro, más orientadas a los operadores tradicionales de gran escala.
Comunidades de conectividad: redes propias sin ánimo de lucro
Uno de los ejes centrales de la propuesta normativa es el papel de las comunidades organizadas de conectividad, entidades sin ánimo de lucro que diseñan, construyen y gestionan su propia infraestructura para ofrecer acceso a internet fijo comunitario. Estas organizaciones se han convertido en una alternativa real en muchos países para cubrir zonas donde la inversión privada no resulta atractiva.
El MinTIC plantea que estas comunidades puedan recibir permisos locales de espectro en la banda de 900 MHz a través de un Proceso de Selección Objetiva (PSO). El foco se coloca en áreas remotas que, a día de hoy, continúan sin cobertura 4G y donde la ausencia de conectividad limita el acceso a servicios esenciales y oportunidades económicas. En paralelo, algunas soluciones basadas en proyectos LEO pueden complementar el acceso en zonas extremadamente aisladas.
Con la autorización de uso de espectro, estas organizaciones sociales estarían en condiciones de levantar pequeñas redes locales que den servicio a sus propias comunidades, priorizando necesidades básicas como la conexión de hogares, instituciones educativas, centros de salud o espacios comunitarios. El modelo intenta reforzar la autonomía local, evitando depender exclusivamente de operadores externos.
Además, el enfoque sin ánimo de lucro permite que la sostenibilidad del proyecto se base en tarifas ajustadas al contexto rural, evitando precios prohibitivos y facilitando que más hogares puedan conectarse. En paralelo, se busca que las comunidades desarrollen capacidades técnicas y de gestión, generando conocimiento local y nuevas habilidades digitales.
Ventana para pequeños y medianos proveedores de telecomunicaciones
El segundo proyecto de resolución se dirige a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) que ofrecen internet fijo residencial minorista, especialmente aquellos con menor tamaño. El criterio fijado por el Ministerio establece que, al 30 de junio de 2025, estos actores deben contar con menos de 30.000 accesos para poder participar.
Con esta condición, las autoridades pretenden que el nuevo reparto de espectro beneficie a operadores pequeños y medianos, que muchas veces concentran su actividad en municipios o comarcas concretas y conocen mejor la realidad de los usuarios rurales. Estos proveedores podrían reforzar su oferta de última milla y ampliar cobertura en zonas donde ya tienen cierta presencia, pero sin capacidad económica para competir en grandes licitaciones nacionales.
Los permisos de uso local en 900 MHz permitirían a estos PRST mejorar tanto la calidad como el alcance de los servicios de internet fijo residencial, apoyándose en tecnologías inalámbricas y móviles para salvar obstáculos geográficos. Para muchas áreas rurales, este tipo de soluciones resulta más viable que el despliegue intensivo de fibra óptica hasta cada vivienda.
El diseño de los Procesos de Selección Objetiva incorpora criterios para priorizar territorios sin cobertura 4G y con menores niveles de conectividad, de modo que el impacto social de la medida sea más visible. No se trata solo de añadir capacidad de red, sino de orientar esa capacidad hacia los lugares donde la brecha digital es más acusada.
Cerrar la brecha digital y expandir los servicios esenciales
Detrás de la asignación de esta porción de espectro hay una estrategia clara: acortar la distancia entre las zonas urbanas y las rurales en términos de acceso digital. La falta de conectividad sigue siendo un factor de exclusión que condiciona la vida cotidiana de muchas comunidades, con efectos en la educación, la salud, el empleo y la participación ciudadana.
El Gobierno colombiano vincula esta iniciativa con la expansión de servicios fundamentales como la educación en línea, la telemedicina y los trámites digitales, que dependen de una conexión estable para funcionar con normalidad. La posibilidad de conectarse a plataformas de formación, realizar gestiones administrativas sin desplazamientos largos o acceder a consultas médicas a distancia cobra especial relevancia en áreas de difícil acceso.
La ampliación de la cobertura también abre la puerta a nuevas actividades económicas ligadas al comercio electrónico y a la digitalización de pequeñas empresas rurales. Contar con conexión permite que productores, artesanos y prestadores de servicios locales accedan a mercados más amplios y mejoren la gestión de sus negocios, reduciendo la dependencia de intermediarios tradicionales.
El uso de la banda de 900 MHz para servicios 4G contribuye, además, a mejorar la experiencia de conectividad móvil en territorios donde la red actual es débil o inexistente. Una cobertura más estable facilita usos cotidianos como la mensajería, las videollamadas o el acceso a plataformas públicas, que hoy forman parte del día a día en los entornos urbanos y que se quiere extender a las zonas rurales.
Resultados previos y plazos de la consulta pública
El anuncio de los proyectos de resolución llega en un contexto en el que el MinTIC destaca avances concretos en la expansión de la infraestructura digital. Durante la actual administración se han conectado 19.057 escuelas rurales, una cifra que supone cerca de la mitad de todos los establecimientos educativos rurales del país, lo que da una idea de la magnitud del reto pendiente.
Paralelamente, el Gobierno informa de la extensión de unos 2.600 kilómetros de fibra óptica, así como de la conexión de 134.860 hogares en zonas rurales de departamentos como La Guajira, Chocó o el Catatumbo, entre otros. Estos datos reflejan que se están combinando inversiones en redes troncales con soluciones específicas para llevar servicio a comunidades concretas.
Los borradores de las resoluciones que regulan la asignación del espectro se encuentran en consulta pública hasta el 16 de febrero de 2026. Durante este periodo, interesados y organizaciones pueden presentar comentarios, sugerencias o reparos sobre el diseño de los procesos y las condiciones de los permisos. La participación en esta etapa será clave para ajustar los detalles técnicos y administrativos.
Una vez finalizada la consulta y revisadas las observaciones, el MinTIC deberá definir la versión definitiva de las resoluciones y poner en marcha los Procesos de Selección Objetiva. A partir de ahí, comunidades y proveedores podrán postularse para obtener bloques de espectro local en la banda de 900 MHz y comenzar a desplegar o reforzar sus redes en territorio rural.
Este paquete de medidas para la asignación de espectro en 900 MHz con fines de conectividad rural se sitúa en la línea de políticas que muchos países están explorando para llevar internet a las zonas menos atendidas: uso más flexible del espectro, mayor protagonismo de actores locales y comunitarios y prioridad para los territorios que siguen desconectados. Si los procesos avanzan según lo previsto y los proyectos se consolidan sobre el terreno, las comunidades rurales colombianas podrían dar un salto significativo en su integración digital y en el acceso a servicios y oportunidades que hoy dependen, en buena medida, de estar conectados.
