- El nuevo real decreto exige que los centros de datos consuman al menos un 80% de energía renovable hora a hora, con generación adicional instalada en los 18 meses previos.
- Se imponen requisitos de eficiencia energética e hídrica de nivel A, así como condiciones de soberanía digital para operadores y datos.
- Patronales como SpainDC, Ametic y Aelec muestran preocupación por la seguridad jurídica y el riesgo de fuga de inversiones a otros países europeos.
- El Gobierno de Aragón critica la falta de consulta y anuncia alegaciones, mientras el sector tecnológico aragonés se muestra prudente.
El Gobierno español ha puesto en marcha la maquinaria para ordenar el despliegue de los centros de datos en el país. A través de un proyecto de real decreto sobre centros de datos que ya está en audiencia pública, el Ejecutivo pretende imponer requisitos más estrictos en materia de sostenibilidad energética, consumo de agua y soberanía digital. La medida, tramitada por la vía de urgencia, busca anticiparse a los problemas que han surgido en otros países europeos como Irlanda o Países Bajos, donde la proliferación de estas infraestructuras ha disparado los precios de la electricidad y ha tensionado las redes.
La propuesta, impulsada por los Ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, establece que las instalaciones de más de un megavatio (MW) deberán cumplir con los estándares más exigentes del etiquetado europeo de eficiencia, tanto energética como hídrica. Además, se introduce la obligación de que al menos el 80% de la energía consumida cada hora provenga de fuentes renovables, y que esa generación sea adicional, es decir, que por cada MW consumido se haya instalado un MW renovable en los 18 meses anteriores a la puesta en marcha. Esta condición, que se acreditará hora a hora, pretende evitar que los centros de datos se conviertan en un sumidero de energía que perjudique al conjunto del sistema eléctrico.
Requisitos de sostenibilidad y soberanía digital
El real decreto no solo se centra en la eficiencia energética. También introduce medidas de resiliencia y soberanía de datos que afectan directamente a la operación de los centros. Así, los operadores deberán estar establecidos en la Unión Europea, y los datos, metadatos y registros que manejen como parte de su operación deberán permanecer dentro del territorio comunitario. Además, se exigirá un control efectivo de los accesos desde terceros países, un punto especialmente sensible para la seguridad nacional. El Ministerio de Transformación Digital será el encargado de verificar el cumplimiento de estos requisitos, y su vulneración podría conllevar la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, lo que en la práctica supondría el cierre del proyecto.
En el apartado ambiental, la norma va más allá de lo que ya se aplica a otros sectores como el hidrógeno renovable. Los centros de datos deberán demostrar que su consumo eléctrico se respalda con nueva generación renovable, ya sea mediante autoconsumo o contratos a largo plazo (PPA). Esta exigencia, que se controlará hora a hora, ha generado un intenso debate. Mientras el Gobierno defiende que es necesaria para evitar un aumento de la demanda que dispare el uso de gas natural, las patronales del sector advierten de que podría resultar inviable en la práctica y frenar inversiones millonarias.
Reacciones del sector y las comunidades
La reacción no se ha hecho esperar. La Asociación Española de Data Centers (SpainDC), junto con Ametic y Aelec, ha mostrado su preocupación por la falta de seguridad jurídica y el riesgo de que España se convierta en un mercado poco atractivo para estas infraestructuras. En declaraciones a varios medios, fuentes de SpainDC señalaron que comparten los objetivos de sostenibilidad, pero consideran que la regulación debe ser “proporcionada, técnicamente viable y alineada con el marco europeo”. Por su parte, Aelec valora positivamente que se ordene el sector, pero insiste en que los requisitos no deben dificultar el desarrollo de una demanda que el sistema eléctrico necesita.
En el plano territorial, el Gobierno de Aragón, una de las comunidades con más proyectos anunciados, ha sido especialmente crítico. La consejera de Economía, Eva Valle, ha anunciado que presentarán alegaciones y ha denunciado que el Ejecutivo central no ha consultado a las comunidades autónomas. Valle considera que la nueva normativa otorga al Gobierno estatal un poder discrecional sobre las inversiones, lo que podría generar “arbitrariedad”. Sin embargo, desde el clúster tecnológico aragonés, Tecnara, se muestran más prudentes: “Era de esperar que llegara cierta legislación”, asegura su portavoz, Félix Gil. Mientras tanto, el Cluster de la Energía de Aragón ve la regulación como una oportunidad para impulsar la generación renovable en la región.
Plazos y sanciones
El real decreto establece un calendario claro para la adaptación. Los proyectos que ya estén en tramitación tendrán seis meses para cumplir los nuevos requisitos, o tres si están a la espera de un concurso de acceso a la red. En caso de no adaptarse, podrán renunciar a sus derechos de acceso sin ejecución de garantías. Para aquellos que incumplan las obligaciones, se prevén penalizaciones crecientes en los cargos y peajes, y en última instancia, la pérdida del derecho de acceso. Además, todos los centros de datos de más de 500 kW deberán remitir anualmente al MITECO datos sobre su eficiencia energética y sostenibilidad, que serán publicados.
La norma también introduce un sistema de declaraciones responsables para los operadores, que deberán acreditar ante el Ministerio de Transformación Digital que cumplen con los criterios de soberanía digital. En el caso de centros que alojen datos de administraciones públicas o relacionados con la seguridad nacional, se exigirá un compromiso formal de que los datos no saldrán de la UE. Estas medidas, según el Gobierno, buscan garantizar que España se convierta en un polo digital de referencia, pero sin comprometer la estabilidad del sistema eléctrico ni la soberanía del país.
Con esta regulación, el Ejecutivo pretende seleccionar los proyectos más eficientes y sostenibles, aprovechando el enorme interés que España despierta en el sector. Sin embargo, el equilibrio entre atraer inversiones y proteger el interés general es delicado. Las patronales y los gobiernos autonómicos temen que las exigencias sean demasiado duras y que las empresas acaben eligiendo otros destinos europeos. El debate está servido, y las alegaciones al texto se podrán presentar hasta el 4 de septiembre.
En definitiva, el nuevo real decreto sobre centros de datos marca un antes y un después en la política energética y digital de España. Con requisitos pioneros en Europa, el Gobierno busca un desarrollo ordenado, pero se enfrenta a las críticas de un sector que pide más diálogo y flexibilidad. La clave estará en cómo se resuelvan las alegaciones y si el texto final logra conciliar la ambición climática con la competitividad económica.
