- El Ejecutivo exige que los centros de datos consuman al menos un 80% de energía renovable, acreditado hora a hora.
- Cada megavatio de consumo deberá respaldarse con un megavatio renovable instalado en los 18 meses previos.
- Se refuerza la soberanía digital: los operadores deben estar en la UE y los datos no pueden salir del territorio comunitario.
- Los proyectos en tramitación tendrán entre tres y seis meses para adaptarse o renunciar a sus permisos.
El Gobierno español ha decidido meter la tijera en el despliegue de centros de datos. Tras meses de anuncios millonarios y una avalancha de solicitudes de conexión a la red eléctrica, el Ejecutivo ha lanzado a audiencia pública un proyecto de real decreto que establece requisitos muy exigentes de sostenibilidad energética, medioambiental y de soberanía digital. La norma, impulsada por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, se tramita por la vía de urgencia y pretende filtrar los proyectos de mayor calidad, dejando fuera a los que no cumplan con los estándares más altos.
La medida llega en un momento crítico. España ha concedido desde 2021 más de 12 gigavatios (GW) de derechos de acceso y conexión para centros de datos, una cifra que triplica las previsiones de la Estrategia de Inteligencia Artificial, que estimaba una necesidad de entre 3,5 y 4 GW para 2030. Ante este desfase, el Gobierno quiere evitar los problemas que ya sufren países como Irlanda, Países Bajos o Estados Unidos, donde el despliegue masivo ha disparado los precios de la electricidad y ha tensionado las redes. La nueva normativa, que se aplicará a instalaciones de más de 1 megavatio (MW), busca que solo los proyectos más eficientes y sostenibles lleguen a materializarse.
Requisitos energéticos: renovables sí, pero con condiciones
Uno de los pilares del real decreto es la obligación de que los centros de datos consuman al menos un 80% de energía renovable. Pero no vale cualquier renovable: debe ser de nueva implantación. Es decir, cada megavatio de consumo debe ir acompañado de un megavatio renovable instalado en los 18 meses anteriores a la puesta en marcha del centro, ya sea mediante autoconsumo o mediante contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA). Además, esa acreditación se hará hora a hora, de modo que en cada hora de funcionamiento el 80% de la electricidad consumida tenga origen renovable generado en ese mismo periodo.
Esta exigencia, conocida como adicionalidad y correlación, tiene un doble objetivo. Por un lado, evitar que los centros de datos se conviertan en un sumidero de la capacidad renovable existente, lo que podría encarecer la factura de los hogares y las empresas. Por otro, impulsar la construcción de nuevas plantas renovables, algo que beneficia a los productores, que sufren precios cero en muchas horas del día. El Gobierno confía en que esta medida no solo proteja al sistema eléctrico, sino que también fomente la creación de empleo y la inversión en energías limpias, similar a cómo Google apuesta por la energía nuclear para sus centros de datos.
Soberanía digital y resiliencia: datos dentro de la UE
El proyecto normativo también introduce requisitos estrictos en materia de soberanía de datos, sus normas y proveedores. Los operadores de los centros de datos deberán estar establecidos en la Unión Europea, y los datos, metadatos y registros que manejen deberán permanecer en territorio comunitario. Además, se controlará de forma efectiva el acceso desde terceros países, y cualquier vulneración de estos requisitos puede acarrear la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.
Especialmente sensible es el caso de los centros que alojen información de las administraciones públicas o que puedan afectar a la seguridad nacional. En esos casos, se exigirá un compromiso formal de que los datos no saldrán de la UE. El Ministerio de Transformación Digital será el encargado de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, y las empresas deberán presentar una declaración responsable. Esta medida busca blindar la resiliencia digital del país y evitar dependencias externas en un sector estratégico.
Eficiencia hídrica y energética: solo la categoría A
El consumo de agua y energía de los centros de datos es otro de los focos de la regulación. La norma exige que las instalaciones cumplan con los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica del etiquetado europeo, que actualmente está desarrollando la Comisión Europea. Una vez que entre en vigor el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, previsiblemente en agosto de 2027, se exigirá la categoría A tanto para la eficiencia energética como para la hídrica, según los indicadores Power Usage Effectiveness y Water Usage Effectiveness.
Hasta que ese reglamento sea aplicable, el decreto fija los mismos niveles, ya recogidos en el borrador. Esto significa que los centros de datos deberán demostrar que utilizan la energía y el agua de la forma más eficiente posible. En un país con recursos hídricos limitados, esta exigencia es clave para evitar tensiones con otros usos del agua. Además, todos los centros de más de 500 kilovatios (kW) deberán remitir anualmente al Ministerio de Transición Ecológica datos sobre su eficiencia y sostenibilidad, que serán publicados.
Plazos y sanciones: adaptarse o renunciar
Los proyectos que ya estén en tramitación tendrán un plazo de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos, que se reduce a tres meses si están a la espera de un concurso de acceso a la red. Si no pueden cumplir, podrán renunciar a sus derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las garantías. Esta cláusula de salida busca evitar litigios y dar salida a los proyectos menos maduros.
El incumplimiento de las obligaciones conllevará penalizaciones crecientes en los cargos y peajes, y en última instancia, la pérdida del derecho de acceso a la red. Con estos recargos se compensará el sobrecoste que el incumplimiento de la adicionalidad y la correlación horaria pudiera repercutir sobre el sistema eléctrico. El Gobierno defiende que la medida no es una moratoria, sino una criba para quedarse con los mejores proyectos, y subraya que España sigue siendo un destino atractivo para la inversión, pero con reglas claras.
Las asociaciones del sector, como SpainDC y Ametic, han mostrado su preocupación por algunos planteamientos, aunque se muestran dispuestas a colaborar en la audiencia pública. Desde Aragón, uno de los polos de desarrollo, la consejera de Economía ha anunciado alegaciones, mientras que el clúster tecnológico Tecnara prefiere esperar a ver el texto definitivo. En cualquier caso, el Ejecutivo confía en que el real decreto esté aprobado antes de que acabe el año, coincidiendo con la nueva planificación de la red eléctrica para 2030.
Con esta regulación, España se adelanta a las medidas que se están debatiendo en Europa y se posiciona como un país pionero en la ordenación de los centros de datos. La apuesta es clara: solo los proyectos más eficientes, sostenibles y soberanos tendrán cabida en el mapa digital español. El tiempo dirá si la industria responde a este desafío o si, por el contrario, busca otros destinos más flexibles en el continente.
