- Confirmación definitiva de la multa de 4.125 millones de euros por abuso de posición dominante.
- El tribunal ratifica que la preinstalación obligatoria de Google Search y Chrome limitó la competencia.
- Alphabet asume una responsabilidad solidaria de 1.520 millones de euros en la sanción total.
- La sentencia rechaza los acuerdos contra la fragmentación que impedían versiones alternativas de Android.
Al final se acabó lo que se daba para Google en los tribunales europeos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto el punto y final a una historia que venía de muy lejos, confirmando una multa de 4.125 millones de euros por haber abusado de su poder con el sistema operativo Android. A pesar de los múltiples intentos de la gran tecnológica por darle la vuelta a la tortilla, la justicia ha dejado claro que las reglas de juego en el mercado digital europeo no se pueden saltar a la ligera, especialmente cuando se tiene una posición tan dominante.
Este lío no es precisamente de ayer, ya que la Comisión Europea le puso el ojo encima allá por 2018, cuando consideró que la empresa estadounidense estaba blindando su buscador y su navegador de forma poco limpia. Con esta sentencia firme que ya no admite más recursos, Alphabet, la empresa matriz, tendrá que rascarse el bolsillo de forma solidaria con unos 1.520 millones de euros, cerrando así un capítulo judicial que ha mantenido en vilo a todo el sector tecnológico durante más de una década.
Un largo camino judicial que llega a su fin
La cosa empezó fuerte cuando Bruselas soltó una cifra todavía mayor, superando los 4.300 millones de euros inicialmente. Tras pasar por el Tribunal General, la cantidad se ajustó un pelín hasta llegar a la cifra actual, pero el fondo de la cuestión no ha cambiado ni un ápice: Google utilizó Android para frenar a la competencia y asegurarse de que sus servicios fueran los reyes indiscutibles en los móviles de medio mundo. Al final, el TJUE ha validado que los argumentos de la Comisión eran sólidos como una roca y que no ha habido errores de derecho en el proceso anterior.
Durante el juicio, se ha hablado mucho de los pactos que Google firmaba con los fabricantes de teléfonos. La jugada consistía en obligarles a meter con calzador aplicaciones como Google Search o Chrome si querían tener acceso a la Play Store, que es básicamente el corazón de cualquier móvil Android. Según los jueces, esto creaba una barrera muy difícil de saltar para otros buscadores o navegadores alternativos, que se veían desplazados antes incluso de que el usuario encendiera el teléfono por primera vez, limitando la libertad de elección del consumidor.
El famoso sesgo de statu quo y los acuerdos de exclusividad
Uno de los puntos que más ampollas ha levantado es el llamado «sesgo de statu quo». Esto no es más que la tendencia natural de la gente a usar lo que ya viene instalado en el móvil por defecto, sin complicarse la vida buscando alternativas en la tienda de aplicaciones. La justicia europea considera que Google se aprovechó de esta comodidad de los usuarios para consolidar su dominio absoluto, algo que ha perjudicado a empresas más pequeñas que, por muy buenos que fueran sus servicios, no tenían forma de asomar la cabeza en un mercado tan cerrado y controlado.
Pero la cosa no queda ahí, porque también se han ratificado las críticas a los llamados acuerdos contra la fragmentación. Básicamente, Google no dejaba que los fabricantes vendieran dispositivos con versiones de Android que no estuvieran bendecidas por ellos si querían seguir colaborando. Esto limitaba mucho las opciones de negocio y frenaba la innovación de sistemas operativos alternativos que podrían haberle hecho sombra al gigante de Silicon Valley, reforzando todavía más ese ecosistema cerrado que tanto ha criticado el Ejecutivo comunitario durante años.
Las consecuencias para el ecosistema tecnológico europeo
Aunque a Google le pica la multa, lo cierto es que el impacto real va mucho más allá de los millones de euros que tengan que pagar finalmente. Esta sentencia sienta un precedente muy potente para futuras investigaciones, especialmente ahora que Europa tiene nuevas herramientas como la Ley de Mercados Digitales para vigilar de cerca a las grandes plataformas. Otros actores del sector, como el motor de búsqueda francés Qwant o la asociación de consumidores BEUC, han visto en este fallo una victoria necesaria para que el mercado sea un poco más justo y abierto para todos los que intentan competir.
La resolución definitiva de este conflicto supone el carpetazo a un enfrentamiento histórico que ha definido los límites de lo que las grandes tecnológicas pueden y no pueden hacer en suelo europeo. Al confirmar que las prácticas de preinstalación y exclusividad fueron abusivas, la justicia europea blinda su capacidad para intervenir cuando considere que la libre competencia está en peligro. A partir de ahora, las empresas del sector tendrán que andarse con pies de plomo y revisar muy bien sus contratos para no acabar otra vez pasando por el aro de los tribunales de Luxemburgo, mientras los usuarios europeos ven cómo se refuerza su libertad de elección frente a los gigantes digitales.