- El Gobierno ha aprobado un proyecto de Ley Orgánica para adaptar la normativa española al Reglamento Europeo de IA.
- Se establecen multas severas que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual.
- La ley prohíbe prácticas abusivas como los deepfakes sexuales y la manipulación mediante técnicas subliminales.
- Se crea un marco de gobernanza con el apoyo de la AESIA y nuevas figuras de supervisión en la administración pública.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo proyecto de Ley Orgánica centrado en la gobernanza y el uso responsable de la inteligencia artificial. Esta iniciativa busca que España no se quede atrás y se alinee con el Reglamento Europeo de IA (AI Act), asegurando que el despliegue de estas herramientas se realice bajo principios de ética y transparencia, evitando que la tecnología se utilice para vulnerar derechos fundamentales.
El objetivo principal es instaurar un sistema donde la supervisión humana sea la norma, especialmente en aquellos desarrollos considerados de alto riesgo. El Ejecutivo defiende que este paso no frena la innovación ni la competitividad, sino que, al contrario, posiciona al país como un referente global en la creación de un ecosistema digital seguro y humanista.
Régimen de sanciones y multas millonarias
Para que la norma no se quede en papel mojado, se ha diseñado un sistema de penalizaciones bastante serio. Las infracciones se dividen en tres categorías: leves, graves y muy graves. En los casos más extremos, como la comercialización de sistemas prohibidos, las multas pueden escalar hasta los 35 millones de euros o representar el 7% del volumen de negocio anual de la entidad responsable.
Por otro lado, para las faltas más ligeras, las sanciones empezarán en los 6.000 euros o el 0,5% de la facturación. Es importante destacar que el texto ofrece cierta flexibilidad para que las startups y pequeñas empresas no se vean asfixiadas, priorizando que se corrijan los errores antes de lanzar la mano al bolsillo con una multa.
Prácticas prohibidas y protección de menores
Uno de los puntos más fuertes de la ley es el veto a ciertas actividades que se consideran peligrosas. Se prohíbe tajantemente la creación de deepfakes de contenido sexual, una medida impulsada por España en la UE tras diversos escándalos con asistentes virtuales. También quedan fuera de la ley el uso de técnicas subliminales para manipular la voluntad de las personas y la explotación de vulnerabilidades basadas en la edad o la discapacidad.
El catálogo de prohibiciones es amplio y abarca temas como:
- La clasificación biométrica basada en raza, religión u orientación política.
- El sistema de puntuación social para denegar ayudas o préstamos.
- El uso de chatbots para detectar y captar a personas con ludopatía.
- La extracción masiva de rasgos faciales y el reconocimiento de emociones.
Además, se exige que cualquier material generado por algoritmos esté claramente etiquetado. De este modo, el usuario podrá saber si lo que está viendo es una imagen real o una construcción virtual, evitando engaños masivos.
Gobernanza y el papel de la AESIA
La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) será el motor de vigilancia de esta normativa. Este organismo tendrá la capacidad de inspeccionar los sistemas, pedir información detallada y activar los procedimientos sancionadores cuando sea necesario, trabajando en coordinación con la AEPD.
Para fomentar el avance tecnológico sin riesgos, se implementará un sandbox o entorno de pruebas. Aquí, los desarrolladores podrán testear sus herramientas bajo la mirada de la administración para asegurar que cumplen la ley antes de salir al mercado público.
En cuanto al sector público, la ley introduce la figura del delegado de IA y la creación de un inventario de los sistemas utilizados en la administración estatal. Aunque algunas asociaciones han criticado que la administración solo reciba apercibimientos y no multas económicas, el Gobierno insiste en que se busca potenciar la digitalización del empleado público mediante la formación.
El marco legal actual busca equilibrar la protección de los derechos ciudadanos con la capacidad de innovar. Con la transposición del Reglamento Europeo, España establece un límite claro contra el uso perverso de los algoritmos, asegurando que la tecnología sirva a la sociedad y no al revés, mientras el texto aguarda ahora su trámite final en las Cortes Generales.
