- FACUA ha interpuesto denuncias por el incumplimiento de hasta cinco normativas distintas en el lanzamiento de la operadora.
- La asociación señala que el reclamo de "precio imbatible" en sus tarifas es engañoso al existir ofertas más económicas en el mercado.
- Se critica que el servicio de atención al cliente no sea gratuito y que la web carezca de información legal y de privacidad esencial.
Vaya revuelo se ha formado en el mundillo de las telecomunicaciones con el reciente lanzamiento de la nueva operadora que tiene como cara visible al popular Bertín Osborne. Bajo el nombre de Española de Telefonía, esta empresa ha irrumpido con una propuesta cargada de referencias patrióticas y valores nacionales, prometiendo hacer las cosas «bien y a derechas». Sin embargo, lo que parecía un estreno por todo lo alto se ha convertido rápidamente en un dolor de cabeza legal tras la intervención de FACUA-Consumidores en Acción.
La asociación de consumidores no ha tardado en dar la voz de alarma al detectar lo que consideran un cúmulo de irregularidades bastante serio para una compañía que acaba de echar a andar. Según la organización, la teleco de Bertín habría vulnerado hasta cinco leyes distintas en su desembarco comercial, afectando a derechos fundamentales de los usuarios que van desde la protección de sus datos personales hasta la transparencia en los precios que se anuncian.
El reclamo del precio imbatible bajo la lupa
Uno de los puntos que más ampollas ha levantado es la promoción de su tarifa estrella, bautizada como «España». La compañía la anuncia como un servicio de 7,50 euros al mes con llamadas ilimitadas y 25 GB, asegurando que se trata de un precio totalmente imbatible en el mercado actual. No obstante, desde FACUA han tirado de comparador y aseguran que existen otras operadoras que ofrecen servicios similares, o incluso con más datos, por un coste inferior, lo que podría constituir un caso claro de publicidad engañosa.
La normativa española es bastante estricta con el uso de términos como «el más barato» o «imbatible» cuando no se puede demostrar fehacientemente. En este caso, el reclamo publicitario de la empresa gestionada por EDT Compañía Ibérica de Telefonía SL no se ajusta a la realidad del sector, donde la competencia es feroz y existen opciones que rondan los cinco euros por prestaciones equivalentes.
Atención al cliente con sabor patrio pero no gratuita
Más allá de los precios, otro aspecto que ha dejado a muchos con la boca abierta es el funcionamiento de su servicio de atención al usuario. Al llamar a los números facilitados en su web, que por cierto no son gratuitos como exige la ley para este tipo de servicios básicos, los clientes son recibidos por una inteligencia artificial que saluda con un Viva España. Aunque el toque patriótico es la seña de identidad de la casa, la legislación obliga a que las operadoras ofrezcan una línea sin coste para que el consumidor no tenga que rascarse el bolsillo al hacer una consulta.
La denuncia presentada ante las autoridades de Consumo y Telecomunicaciones recalca que Española de Telefonía utiliza prefijos geográficos de La Rioja y números móviles, incumpliendo así la Ley General de Telecomunicaciones. Este detalle, sumado a la particular bienvenida de la IA, ha puesto el foco sobre si la empresa está priorizando el marketing ideológico por encima del cumplimiento estricto de las obligaciones legales con sus abonados, especialmente en tiempos donde es vital saber si una llamada es fraudulenta.
Un agujero en la transparencia digital
La plataforma web de la marca tampoco se libra de la quema, puesto que se ha detectado que carece de información contractual básica para los usuarios. Al parecer, la página no presenta un aviso legal completo donde figure el domicilio social de la empresa, algo que es obligatorio por ley. Pero lo más preocupante para los expertos es que la política de privacidad no es accesible; el enlace parece estar roto o simplemente devuelve al usuario al inicio de la página, lo que impide saber qué pueden hacer con tu documento de identidad y datos personales.
Además de los líos con los datos, FACUA denuncia que no hay rastro de las condiciones detalladas ni información sobre el derecho de desistimiento de catorce días. Esto significa que cualquier persona que contrate el servicio a distancia podría encontrarse con dificultades si decide echarse atrás en las dos primeras semanas, ya que la empresa no facilita los mecanismos necesarios para ejercer este derecho legal.
Toda esta situación ha derivado en una batería de denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para que se investiguen a fondo estas prácticas. Lo que nació como una propuesta orgullosamente nacional con tarifas nombradas en honor a Colón o Bécquer, se enfrenta ahora a un escenario de posibles sanciones administrativas que podrían empañar el inicio de Bertín Osborne en el sector telefónico. La pelota está ahora en el tejado de las administraciones, que deberán decidir si las irregularidades señaladas por los consumidores son suficientes para intervenir en la actividad de esta nueva compañía.
