- Más del 92% de las familias gallegas apoyan la creación de una ley que regule el uso de la tecnología en el entorno educativo.
- La futura normativa establecerá la prohibición del uso pedagógico del teléfono móvil hasta el tercer curso de la ESO.
- Nueve de cada diez padres están a favor de restringir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años para proteger su bienestar.
- El nuevo marco legal garantizará por primera vez el derecho a la desconexión digital de los alumnos fuera del horario lectivo.
La comunidad educativa gallega se encuentra a las puertas de un cambio legislativo de gran calado. Según los datos obtenidos recientemente, la inmensa mayoría de los hogares con hijos en edad escolar considera que es fundamental disponer de una normativa clara que ordene el empleo de los dispositivos electrónicos en los centros de enseñanza. Este respaldo social tan elevado supone un impulso definitivo para la futura Ley de Educación Digital de Galicia, cuya tramitación parlamentaria se iniciará de forma inminente.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha destacado que este proyecto normativo es fruto de un proceso de participación sin precedentes en la región. Se espera que la ley, tras recibir el visto bueno definitivo del Gobierno autonómico, pueda entrar en vigor en 2027, convirtiéndose en una de las regulaciones más avanzadas y pioneras de todo el territorio español. El objetivo principal es encontrar un equilibrio sano entre las ventajas de la innovación y la protección de los menores frente a posibles riesgos derivados de un uso excesivo.
Un sistema híbrido que convence a las familias
A pesar de las dudas que a veces genera la digitalización, los padres gallegos no quieren dar la espalda al progreso. Un porcentaje superior al 86% de los encuestados se muestra favorable a un modelo de enseñanza híbrido, es decir, aquel que es capaz de combinar los recursos digitales modernos con los libros y métodos tradicionales de toda la vida. Esta visión integradora demuestra que la tecnología se percibe como una herramienta de apoyo y no como un sustituto total del aprendizaje analógico.
En la actualidad, el despliegue de herramientas tecnológicas en las aulas gallegas es ya una realidad muy consolidada. De hecho, cerca de un 65% de los estudiantes utiliza dispositivos electrónicos de manera habitual durante su jornada escolar, una cifra que se dispara en etapas como la Formación Profesional y el Bachillerato. La percepción general es positiva, ya que siete de cada diez familias valoran que estas actividades están bien coordinadas con el resto de las tareas académicas y que el profesorado hace un buen uso de ellas para motivar al alumnado.
Restricciones al móvil y seguridad en redes sociales
Uno de los puntos más comentados de la nueva ley es la regulación estricta de los teléfonos móviles. La normativa establecerá que no se permita el uso pedagógico del móvil hasta que los alumnos alcancen el tercer curso de la ESO, una medida que ya cuenta con el visto bueno de la mayoría de los padres. Esta decisión responde a la necesidad de adaptar el uso de la tecnología a la madurez de cada estudiante, evitando distracciones innecesarias en las etapas más tempranas de la educación secundaria.
Por otro lado, la preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes es un tema que quita el sueño a muchas familias. Casi el 93% de los progenitores ve con buenos ojos que se limite el acceso a estas plataformas a los menores de 16 años. En este sentido, más de la mitad de los hogares gallegos ya aplica de forma habitual mecanismos de control parental, especialmente durante la etapa de la Educación Primaria, para vigilar que sus hijos naveguen por internet de forma segura y responsable.
Derecho a la desconexión y canales oficiales
La futura ley gallega también se ocupa de lo que ocurre cuando termina la jornada escolar. Por primera vez, se recogerá explícitamente el derecho a la desconexión digital del alumnado, una medida pensada para que los escolares puedan descansar sin la presión de estar pendientes de dispositivos electrónicos o tareas digitales fuera del horario de clases. Se trata de una reclamación histórica para evitar la saturación de los estudiantes y fomentar el tiempo libre de calidad en familia.
Asimismo, la comunicación entre los centros educativos y los hogares dará un paso definitivo hacia la profesionalización. La normativa fijará que todas las notificaciones y mensajes se realicen a través de plataformas institucionales autorizadas, como AbalarMóbil, dejando a un lado aplicaciones de mensajería generalistas que pueden comprometer la privacidad. Actualmente, el uso de estas herramientas oficiales es casi universal en Galicia, con una valoración muy alta por parte de los usuarios, quienes agradecen la rapidez y la sencillez del sistema para estar al tanto de la evolución académica de sus hijos.
Equipamiento en el hogar y formación necesaria
Para que este modelo funcione, es vital que las casas estén bien equipadas, y lo cierto es que Galicia presenta unos datos muy positivos. Prácticamente el 100% de los hogares con estudiantes dispone de conexión a internet, y ocho de cada diez familias cuentan con dispositivos específicos para que los menores realicen sus tareas escolares. Además, la mayoría de los padres considera que tiene las habilidades suficientes para echar una mano a sus hijos en el ámbito digital, lo cual es un alivio para afrontar los retos que vienen.
No obstante, todavía quedan aspectos por mejorar, sobre todo en lo que se refiere a la ciberseguridad. Una de las demandas más repetidas por las familias es la necesidad de recibir más formación específica sobre seguridad en la red y búsqueda de información fiable. Existe cierta inquietud sobre cómo detectar noticias falsas o cómo protegerse de los peligros de internet, por lo que la ley también incluirá planes de capacitación tanto para los docentes como para los propios padres y alumnos.
La futura regulación autonómica nace con el propósito firme de poner orden en la transformación tecnológica que vive el sistema educativo, atendiendo a las demandas de protección y seguridad que reclama la sociedad. Gracias a este marco normativo, se pretende que los estudiantes gallegos puedan aprovechar todas las ventajas de la inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales, pero siempre dentro de un entorno controlado que garantice su bienestar personal y un aprendizaje de calidad acorde a los tiempos actuales.
