La organización Human Rights Watch ha puesto el foco en un problema que no deja de crecer en Colombia: el reclutamiento de menores por parte de grupos armados a través de las redes sociales. El informe, presentado a finales de agosto, asegura que plataformas como Facebook y TikTok no solo son utilizadas para difundir contenido que glorifica la vida armada, sino que sus propios algoritmos contribuyen a la expansión de esos mensajes entre los más vulnerables. La investigación señala que los reclutadores aprovechan la facilidad de acceso y la falta de control de las plataformas para captar a niños y adolescentes con falsas ofertas de trabajo y promesas de dinero, poder o una vida mejor.
El documento, que lleva por título “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá”, recoge datos de la Defensoría del Pueblo y de más de 180 entrevistas realizadas con víctimas, funcionarios y líderes sociales. La cifra que más impacta es que al menos 1.500 menores han sido captados desde 2021 por distintas organizaciones ilegales. Pero no solo el número preocupa: el informe destaca que, en los últimos años, el reclutamiento se ha digitalizado y que los niños no solo caen en las redes de la guerrilla o el narcotráfico, sino que ahora son atrapados a través de una pantalla.
Un problema que se esconde en los algoritmos
El informe de la ONG evidencia que el problema no está solo en el contenido que publican los grupos armados, sino en la forma en que las plataformas lo difunden. Los investigadores de HRW revisaron 72 cuentas y más de 40 publicaciones en las que se invitaba a los menores a formar parte de estructuras ilegales. En estos mensajes, era frecuente encontrar imágenes de fajos de billetes, joyas, campamentos y narcocorridos que buscaban idealizar la vida armada. Pero lo más alarmante es que los sistemas de recomendación de las redes amplificaban esos mensajes.
Cuando el investigador empezaba a seguir una de esas cuentas, la propia plataforma le sugería otras similares, un detalle que la ONG no pasa por alto. Los reclutadores usan emojis, hashtags y frases codificadas para evitar ser detectados por los sistemas automáticos de moderación. Eso les permite mantener una actividad que no es visible a primera vista, pero que resulta atractiva para un joven que está en una situación de vulnerabilidad social o económica.
Perfil de los niños y niñas que caen en las redes
El estudio dibuja una imagen cruel del perfil de los menores reclutados. La gran mayoría, un 44%, pertenece a comunidades indígenas que representan apenas un 4% de la población colombiana. Esa desproporción resalta cómo el reclutamiento se ceba con los colectivos que sufren mayor exclusión y menor presencia del Estado. La edad también es un factor clave: el 30% de los afectados tiene entre 10 y 14 años, aunque hay casos documentados de niños de 9 años que ya eran utilizados por las organizaciones. La media de edad de los reclutados es de 15 años, una cifra que no deja de ser un reflejo de la fragilidad de esos menores.
Las niñas, que son un 40% de los casos, enfrentan además el riesgo añadido de sufrir violencia sexual dentro de los grupos. Los menores suelen ser trasladados a otras regiones para romper cualquier vínculo con sus familias, lo que les deja sin red de protección y en manos de sus captores. El departamento del Cauca es el epicentro de la tragedia, con un 57% de los casos, una zona en disputa por el control territorial y las economías ilegales.
Los grupos armados y sus métodos
En cuanto a los responsables, las disidencias de las FARC son el grupo que más casos acumula, con el 74% de los reclutamientos documentados entre 2021 y 2025. La estructura del Estado Mayor Central es la más activa, junto con el ELN y el Clan del Golfo, el principal grupo criminal del país. Los métodos son variados: publican ofertas de empleo falsas, muestran su arsenal o invitan a hacer preguntas sobre cómo unirse a la organización. En las zonas rurales, los reclutadores se acercan a los menores en las escuelas y en los centros comunitarios, con promesas de un futuro mejor.
La historia no queda en una pantalla; el reclutamiento se concreta en el mundo real. Los menores reciben regalos, teléfonos móviles y a veces dinero en efectivo para generar una sensación de pertenencia. Los menores creen que van a tener una vida mejor, pero en realidad entran en una espiral de violencia y sometimiento. Quienes intentan escapar se exponen a castigos, amenazas y, en algunos casos, a ser ejecutados. La UNG señala que hay personas que reciben hasta 1.000 dólares por entregar a cada niño a estas organizaciones.
Una respuesta insuficiente
La organización también ha cargado contra la respuesta tanto de las autoridades como de las empresas tecnológicas. En cuanto a la justicia, las cifras son desesperanzadoras: apenas el 1% de las denuncias por reclutamiento termina en una investigación penal, y de estas, solo una de cada diez acaba en una condena. La mayoría de los que llegan a juicio son autores materiales, mientras que los mandos que han dado órdenes apenas rinden cuentas. Eso deja un panorama de una impunidad casi absoluta en un delito que es considerado crimen de guerra cuando afecta a menores de 15 años.
Por el lado de las redes, Meta y ByteDance aseguraron que eliminan los contenidos que infringe sus políticas. El informe revela que esas retiradas llegan después de avisar y que los mensajes estuvo activos durante más de un mes. Además, aunque se eliminan los perfiles señalados, el algoritmo no aprende y sigue recomendando cuentas similares a las que se quieren evitar. HRW exige que las plataformas introduzcan sistemas de detección proactivos que vayan más allá de denuncias externas y que modifiquen sus mecanismos de recomendación para no agravar el problema.
La llamada al nuevo Gobierno
La ONG no se queda en la denuncia, también ha planteado una agenda concreta al Ejecutivo de Abelardo de la Espriella. Pide que se refuercen los presupuestos para la prevención y que se dé prioridad a los programas de apoyo en zonas donde el reclutamiento es un peligro real. Recuerda que las guardias indígenas han dado un gran paso para proteger a sus menores, pero que han sufrido amenazas por hacerlo. Por eso, la ayuda institucional no debe ser solo militar, sino centrarse en la protección social, la educación y la ayuda a las familias.
El informe también pide que se unifiquen los criterios para tratar a las víctimas, porque quienes se escapan de grupos reconocidos como parte del conflicto tienen más acceso a reparación que las que caen en manos de organizaciones criminales. Esta falta de coherencia genera agujeros negros que favorecen que haya menos oportunidades de recuperación. La situación es urgente, y la respuesta de todos no está siendo la altura.
El documento de Human Rights Watch deja a un lado el debate técnico y se enfoca en los más urgente: la protección de los menores. La plataforma de reclutamiento digital no se está solucionando con soluciones parciales, y la combinación de falta de control, algoritmos perversos y una justicia debilitada hace que la explosión de casos no parece ir a frenar. Ahora la pelota está en el tejado de las empresas, pero también en la voluntad política del nuevo Gobierno para que no se quede en papel mojado. Los niños que llevan ya varias décadas en el conflicto no pueden esperar más a que quienes tienen el poder decidan que esta es una prioridad.