- La Junta de Andalucía presentará alegaciones al Real Decreto del Gobierno central que regula los centros de datos, al considerar que sus exigencias son inalcanzables y perjudican a la comunidad.
- Más de 20 proyectos privados en Andalucía, con una inversión superior a 10.000 millones de euros, se ven comprometidos por la normativa.
- El consejero José Antonio Nieto denuncia que el límite de eficiencia energética PUE de 1,15 es imposible de cumplir, ya que la media española es de 1,36 y la del sur de Europa de 1,57.
- El Gobierno central defiende la norma como necesaria para proteger el agua y la energía, y acusa a la Junta de buscar confrontación política.
La batalla por el futuro de los centros de datos en España ha dado un nuevo paso. La Junta de Andalucía ha anunciado que presentará alegaciones al proyecto de Real Decreto del Gobierno central que establece nuevos requisitos para la implantación y funcionamiento de estas infraestructuras tecnológicas. El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha sido el encargado de dar a conocer la postura del Ejecutivo andaluz, que considera que la normativa, tal y como está redactada, pone en riesgo más de 20 proyectos privados en la región, con una inversión agregada que supera los 10.000 millones de euros.
La decisión no ha cogido por sorpresa a nadie. Andalucía lleva tiempo posicionándose como un polo tecnológico de referencia en el sur de Europa, y este decreto, según Nieto, «penaliza a las regiones que, como Andalucía, son motores en la generación de energía renovable gracias a sus condiciones climáticas privilegiadas». El consejero ha lamentado que el borrador estatal «ignore la realidad del mercado» y ha puesto como ejemplo el límite impuesto para el indicador de eficiencia energética (PUE) de 1,15, una cifra que considera inalcanzable, puesto que la media española es de 1,36 y la del sur de Europa se sitúa en 1,57.
Exigencias técnicas que «atan de pies y manos»
El consejero ha sido muy gráfico a la hora de explicar la dificultad de cumplir con el PUE de 1,15. «Hoy es tecnológicamente imposible poder cumplir con esa exigencia, salvo que vivamos en Laponia, donde la refrigeración de un centro de datos es cero», ha señalado. En una región calurosa como Andalucía, mantener ese nivel de eficiencia es un reto mayúsculo, y Nieto ha insistido en que ni siquiera los centros más modernos de Europa logran esos números. De hecho, según el último informe de la Asociación Española de Data Centers, el PUE promedio en España es de 1,36, y los datos de Uptime Institute sitúan la media europea en 1,46 y la global en 1,54.
La Junta no se opone a regular, pero pide que las exigencias sean progresivas y tengan en cuenta la realidad climática de cada territorio. Nieto ha propuesto que el cumplimiento del objetivo del 90% de generación renovable se compute por comunidades autónomas, de modo que regiones como Andalucía, con excedentes de energía limpia, puedan compensar las mayores necesidades de refrigeración. También ha reclamado que se diferencie entre el uso de agua potable y no potable en el cálculo del índice de eficiencia hídrica (WUE), y que se establezca un régimen transitorio para los proyectos que ya están en tramitación.
Proyectos en juego por toda la geografía andaluza
La normativa afecta directamente a infraestructuras proyectadas en el territorio andaluz. Uno de los más destacados es el centro promovido por Saltburn Holding y Meridian Data Centers en el Málaga TechPark, declarado de interés estratégico por la Junta, con una inversión de 1.257 millones de euros, 150 MW de consumo eléctrico y 100 MW de potencia IT. En Granada, Alto Infrastructure construye el centro SP01 con refrigeración líquida y 100 MW de potencia previstos para 2029. En Huelva, Go Energy tramita el proyecto TRON entre Trigueros, San Juan del Puerto y Gibraleón, aspirando a 200 MW vinculados a plantas de hidrógeno y amoniaco verde. Y Edge Mode avanza en los trámites de dos centros de 300 MW en Córdoba capital y Torrecampo, mientras que Elmya planifica tres instalaciones de 10 MW cada una en Sevilla.
Además de la iniciativa privada, la Junta está construyendo su propio centro de proceso de datos, denominado El Palenque, en el Sevilla TechPark, con una inversión de 36 millones de euros. Las obras alcanzan el 33% de ejecución y, según Nieto, este centro será el «corazón tecnológico» de la administración andaluza, con capacidad para gestionar tecnologías avanzadas como cloud híbrida, inteligencia artificial y supercomputación, big data y computación cuántica. Estará operativo en junio de 2027 y contará con unos 140 profesionales especializados.
El Gobierno central defiende la norma
La respuesta del Ejecutivo central no se ha hecho esperar. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado a la Junta de «nuevo intento de confrontar» y ha defendido que el proyecto de Real Decreto se encuentra en fase de audiencia pública, por lo que las declaraciones del consejero «solo tienen sentido si esta tramitación le ha pillado de vacaciones». Fernández ha insistido en que la norma busca proteger recursos naturales como el agua, «tan escaso y necesario en Andalucía», y ha recordado que los centros de datos deberán cumplir los más altos estándares europeos, incluida la categoría A en consumo de agua y energía.
El delegado ha subrayado que el decreto exige que los centros de datos estén operados por entidades establecidas en la UE, que mantengan los datos en territorio comunitario y que adopten medidas frente a accesos de terceros países. También ha defendido que el 80% de la energía consumida debe ser renovable y generada en la misma franja horaria, algo que, según él, es similar a lo que ya exigen las normas europeas para otros sectores. Fernández ha concluido que el Gobierno quiere un desarrollo ordenado y eficiente, evitando los problemas que han sufrido países como Irlanda, Países Bajos o Estados Unidos, donde se han aplicado moratorias por tensiones en el suministro eléctrico y de agua.
Un pulso que trasciende lo técnico
Este enfrentamiento evidencia que la digitalización ya no es solo una cuestión técnica, sino un campo de batalla política. Andalucía, Aragón y Extremadura han mostrado su rechazo al decreto, reclamando una mayor participación territorial y un calendario que se acompase a las directivas europeas. La Junta, por su parte, insiste en que no quiere centros de datos «a cualquier precio», pero tampoco que España se convierta en un mero productor de energía renovable mientras otros países se quedan con las inversiones y el talento.
Mientras tanto, el sector privado observa con atención. La incertidumbre regulatoria podría frenar la llegada de nuevos proyectos, y no solo en Andalucía. Las empresas necesitan seguridad jurídica para planificar inversiones millonarias, y un decreto que impone requisitos inalcanzables podría disuadir a los grandes operadores internacionales. La tramitación del Real Decreto, que aún está en fase de alegaciones, será clave para determinar si España mantiene su atractivo como destino para los centros de datos o si, por el contrario, se queda atrás en la carrera por la inteligencia artificial.
En definitiva, la decisión de la Junta de presentar alegaciones es un paso más en un pulso que promete dar mucho de hablar. La postura andaluza coincide con la de otras comunidades y con las demandas del sector privado, que pide una regulación realista y adaptada a las condiciones de cada territorio. El Gobierno central, por su parte, defiende la necesidad de proteger el medio ambiente y garantizar un desarrollo ordenado. El tiempo dirá si ambas posturas encuentran un punto de encuentro o si el conflicto se enquista, pero lo que está claro es que los centros de datos se han convertido en un elemento estratégico de primer orden, y su regulación no es un asunto menor.
