- La Fiscalía de Milán coloca bajo control judicial a Foodinho, filial italiana de Glovo, por presunta explotación laboral agravada.
- Los repartidores denuncian jornadas de hasta 12 horas diarias, pagos de 2,50 euros por entrega y salarios hasta un 80% por debajo del convenio.
- Un administrador judicial supervisará la gestión de la empresa mientras se corrigen las prácticas ilegales detectadas.
- El caso refuerza el debate europeo sobre el modelo laboral de las plataformas y el uso de falsos autónomos.
La justicia italiana ha dado un paso inédito contra el modelo laboral de las plataformas de reparto al intervenir la filial de Glovo en Italia por presunta explotación de miles de repartidores. La decisión coloca a la compañía en el centro del debate europeo sobre la precariedad en el sector del delivery y la figura de los falsos autónomos.
La medida afecta a Foodinho SRL, sociedad con sede en Milán que gestiona la actividad de Glovo en el país transalpino. A instancias de la Fiscalía de Milán, la empresa ha sido puesta bajo supervisión judicial por la vía de urgencia, tras documentarse un presunto sistema de trabajo que vulneraría la normativa laboral y se apoyaría en la situación de necesidad de los trabajadores, en su mayoría extranjeros.
Intervención judicial urgente sobre Foodinho
El Ministerio Público milanés ha impulsado un decreto que ordena someter a Foodinho a control judicial mientras avanza una investigación penal por explotación laboral agravada. La medida no implica el cierre de la compañía, pero sí limita de forma drástica su autonomía: un administrador judicial será el encargado de supervisar la gestión, vigilar las cuentas y autorizar las decisiones más relevantes.
El decreto, firmado por el fiscal Paolo Storari, deberá ser convalidado por un juez en los próximos días. La intervención se justifica en la existencia de “indicios sólidos” de un sistema de explotación laboral continuada, que habría afectado durante años a una red de alrededor de 40.000 repartidores en toda Italia, unos 2.000 de ellos en la ciudad de Milán.
Según la documentación judicial, el objetivo del control es poner fin lo antes posible a una situación considerada ilegal y obligar a la empresa a adaptar su modelo de trabajo a las exigencias de la legislación italiana y de los convenios colectivos del sector logístico y de reparto.
La figura designada por el tribunal tendrá potestad para corregir de inmediato las prácticas consideradas abusivas, reportar periódicamente al juez y bloquear cualquier decisión empresarial que pueda agravar la situación de los repartidores. Durante este periodo, la dirección actual de Foodinho, encabezada por el fundador de Glovo, verá limitadas sus competencias.
Acusaciones de salarios de miseria y jornadas interminables
En el centro del caso se encuentra un modelo de organización del trabajo que, según la Fiscalía, se apoya en retribuciones muy por debajo de los mínimos de convenio y en jornadas excesivas. Los fiscales sostienen que los repartidores percibían, en numerosos casos, alrededor de 2,50 euros por cada entrega, con ingresos mensuales que quedaban muy por debajo del umbral de la pobreza.
Los cálculos del Ministerio Público indican que las remuneraciones podían ser hasta un 80% inferiores a las previstas en los convenios colectivos nacionales aplicables. Se trata, subrayan los investigadores, de cantidades que “no son proporcionales ni a la calidad ni a la cantidad del trabajo realizado” y que no permiten garantizar una vida libre y digna a los trabajadores afectados.
El sumario, de más de medio centenar de páginas, recoge decenas de testimonios de riders que describen jornadas de hasta 12 horas diarias, a menudo seis o siete días por semana, bajo cualquier condición meteorológica, incluidas olas de calor y episodios de lluvia intensa. Muchos relatan que realizan entre 10 y 25 pedidos al día para poder sumar un ingreso apenas suficiente para sobrevivir.
Además, los repartidores asumen por completo los costes y riesgos asociados a las bicicletas o motos que utilizan para trabajar, desde el mantenimiento hasta las posibles averías o accidentes. La empresa, apuntan los fiscales, no proporcionaría de forma sistemática equipos de protección adecuados frente a las inclemencias del tiempo o los riesgos en carretera.
Buena parte de los testimonios coincide en un elemento clave: la mayoría de los empleados son extranjeros de países como Pakistán, Bangladesh o Nigeria, con situaciones de residencia o estabilidad económica muy delicadas, lo que, según la acusación, habría sido aprovechado por la compañía para imponer condiciones especialmente duras.
Control algorítmico y falsos autónomos
Aunque sobre el papel los repartidores figuran como trabajadores autónomos vinculados a la plataforma, la investigación de la Fiscalía de Milán sostiene que esta calificación es meramente formal. El sistema de gestión descrito en el decreto se basa en la asignación de turnos, la fijación de franjas horarias y la evaluación constante del rendimiento, elementos que se asemejarían a una relación laboral por cuenta ajena.
De acuerdo con los documentos judiciales, la empresa recurre a un control algorítmico permanente a través de la aplicación, que monitoriza la posición del repartidor, sus tiempos de entrega y sus pausas. Varios trabajadores explican que, si se retrasan o se detienen durante el recorrido, reciben mensajes o llamadas para pedir explicaciones.
Este sistema de supervisión se complementa, según los fiscales, con penalizaciones y recompensas basadas en algoritmos. Rechazar pedidos, reducir la disponibilidad o desconectarse con frecuencia puede suponer menos encargos en el futuro y, por tanto, menos ingresos. En la práctica, esto empujaría a los riders a aceptar pedidos y horarios considerados abusivos para no ver mermada todavía más su retribución.
La Fiscalía define esta estructura como una forma de “hetero-organización algorítmica”: el trabajo se presenta como autónomo, pero la empresa decide tiempos, ritmos y modos de prestación del servicio. Bajo este prisma, los investigadores consideran que se trataría de una relación de dependencia encubierta, con obligaciones propias de un asalariado, pero sin las protecciones legales asociadas.
Para el Ministerio Público, todo este sistema se apoya en un elemento de fondo: el “estado de necesidad” de los trabajadores, que ven en la plataforma una de sus pocas vías de ingreso. Esta vulnerabilidad social y económica, remarcan los fiscales, habría sido utilizada para perpetuar condiciones que califican de explotación laboral.
Alcance del caso y papel de Óscar Pierre
La intervención no se limita a la persona jurídica. La investigación alcanza también a Óscar Pierre Miquel, fundador de Glovo y administrador único de Foodinho en Italia. La Fiscalía le imputa haber organizado, presuntamente, un modelo de gestión basado en condiciones laborales abusivas para decenas de miles de repartidores en el país.
En el decreto se subraya que el modelo de negocio habría sido diseñado de forma consciente, “renegando explícitamente de las exigencias del respeto a la legalidad” en materia laboral. Los fiscales hablan de una política empresarial que priorizaría la reducción de costes sobre la protección mínima de los trabajadores.
Foodinho, fundada en 2015, es una empresa italiana controlada íntegramente por Glovo, cuya sede se encuentra en Barcelona. El 83% de la multinacional española pertenece al grupo alemán Delivery Hero, que en sus últimas cuentas ya había incrementado de forma notable las provisiones para hacer frente a litigios y riesgos legales.
En 2024, el grupo alemán comunicó que sus provisiones por sanciones y pleitos legales ascendían a unos 900 millones de euros, casi el doble de los 466 millones del ejercicio anterior. A este escenario se suman otras multas relevantes, como la impuesta por la Comisión Europea, de 329 millones de euros por conformar un cártel en el sector de la comida a domicilio.
El fiscal Paolo Storari, impulsor del caso, es conocido en Italia por otras investigaciones sobre explotación laboral y evasión fiscal en sectores como la moda de lujo, la logística y la gran distribución, que han salpicado a marcas de primer nivel. Su papel en el caso Glovo refuerza la idea de un escrutinio cada vez mayor sobre las cadenas de subcontratación y las plataformas digitales.
Diferencias entre el modelo italiano y el español
Lo que está ocurriendo en Italia contrasta con la evolución reciente del modelo de Glovo en España. Allí, la empresa anunció a finales de 2024 que abandonaba de forma definitiva el esquema de falsos autónomos para contratar directamente a sus repartidores como asalariados, en cumplimiento de la conocida ley rider y tras varias sanciones millonarias.
Según cifras difundidas por la propia compañía, se habrían ofrecido más de 34.000 contratos laborales a repartidores en España, de los cuales unos 14.000 habrían aceptado la propuesta en una primera fase. La empresa defendió entonces que su plantilla operaba ya con un modelo plenamente laboral y que la colaboración como autónomo pasaba a ser una opción residual y no la regla.
Italia, sin embargo, se mantiene en un escenario diferente. Allí, los repartidores de Glovo siguen siendo formalmente trabajadores autónomos, aunque su actividad se rige por un convenio colectivo específico para el sector del reparto. Es precisamente en este punto donde la Fiscalía de Milán considera que la plataforma habría vulnerado las retribuciones y derechos mínimos fijados.
El contraste entre ambos países alimenta un debate cada vez más intenso en la Unión Europea: hasta qué punto las plataformas pueden aplicar modelos laborales distintos en función de la presión regulatoria y judicial de cada Estado miembro. El caso de Glovo en Italia se percibe como un posible precedente para futuras actuaciones en otros mercados europeos.
Además, la filial italiana ya había sido objeto de decisiones judiciales previas. En agosto de 2024, un tribunal laboral de Milán obligó a la compañía a mejorar las condiciones durante episodios de calor extremo y a proporcionar equipos de protección apropiados, al considerar insuficientes las medidas adoptadas hasta ese momento.
Reacción de Glovo y del grupo Delivery Hero
Tras conocerse la intervención judicial, la compañía ha optado por una respuesta prudente. Un portavoz de Glovo aseguró que la empresa está colaborando con las autoridades italianas y evitó hacer comentarios adicionales mientras la investigación se encuentre en curso.
La postura oficial de la plataforma es que su modelo operativo se ajusta a la normativa vigente y que en los últimos años se habrían introducido mejoras progresivas en las condiciones de los repartidores. Sin embargo, la empresa no ha entrado en el detalle de las acusaciones recogidas por la Fiscalía de Milán ni en las cifras concretas señaladas por los investigadores.
En los mercados financieros, las consecuencias no se han hecho esperar. Las acciones de Delivery Hero registraron caídas notables tras hacerse pública la noticia de la intervención, con descensos que llegaron a rondar el 6,6% en las primeras horas. El grupo alemán, por su parte, insiste en que coopera con las autoridades judiciales de todas las jurisdicciones en las que opera.
La situación abre interrogantes sobre el impacto reputacional y económico a medio plazo para la multinacional, que ya acumula un historial de conflictos legales por su modelo de relación con los repartidores en varios países europeos, incluido España.
Un caso clave en el debate europeo sobre las plataformas
El expediente abierto en Milán se enmarca en un escrutinio creciente sobre las plataformas digitales de reparto en toda Europa. Gobiernos, tribunales y reguladores comunitarios cuestionan desde hace años un sistema que presenta a los repartidores como autónomos flexibles, pero que en la práctica suele comportar una fuerte dependencia económica y organizativa.
La intervención de Foodinho llega además en un momento en el que la Unión Europea debate normas comunes sobre la presunción de laboralidad para quienes trabajan a través de plataformas, así como sobre la transparencia de los algoritmos que deciden turnos, rutas o penalizaciones. El caso italiano ofrece un ejemplo concreto de cómo estas cuestiones se materializan sobre el terreno.
Más allá de Glovo, el mensaje que lanza la justicia italiana apunta a todo el sector del delivery y la economía de plataformas: la innovación tecnológica no puede servir de pretexto para eludir obligaciones laborales básicas, desde la remuneración justa hasta la protección frente a riesgos y la garantía de descansos suficientes.
Para los repartidores italianos, el control judicial abre una etapa de incertidumbre pero también de expectativa. La intervención podría forzar cambios profundos en las condiciones de trabajo, acercando el modelo italiano a esquemas más cercanos al empleo por cuenta ajena, como ya sucede en España.
En conjunto, la actuación de la Fiscalía de Milán y la respuesta de los tribunales italianos dibujan un escenario en el que las grandes plataformas de reparto se ven obligadas a revisar sus prácticas en Europa. El caso de Glovo en Italia se ha convertido en un símbolo de esa tensión entre crecimiento rápido, flexibilidad y respeto efectivo de los derechos laborales.
