- La Directiva UE 2024/1799 exige a los fabricantes reparar móviles, televisores y otros electrodomésticos incluso tras la garantía, a un precio razonable.
- España aún no ha transpuesto la norma y el plazo vence el 31 de julio de 2026, con riesgo de sanción europea.
- Las marcas no podrán negarse a reparar por haber sido abiertos por talleres independientes o usar piezas compatibles.
- Si el consumidor elige reparar un producto en garantía, la cobertura legal se amplía al menos 12 meses.
Durante años, cuando un móvil dejaba de funcionar o un televisor sufría una avería fuera de garantía, la decisión más habitual era comprar uno nuevo. No porque la reparación fuese imposible, sino porque encontrar piezas originales, acceder a un servicio técnico o asumir el coste del arreglo terminaba siendo, en muchos casos, más caro que sustituir el dispositivo. Esa realidad está a punto de cambiar de forma significativa en toda la Unión Europea.
La UE ha decidido poner coto a la cultura del «usar y tirar» con una legislación que busca prolongar la vida útil de los productos electrónicos y facilitar que los consumidores puedan repararlos en lugar de reemplazarlos. España ya ha iniciado la adaptación de esta normativa a su ordenamiento jurídico y el próximo 31 de julio se convierte en una fecha clave para su aplicación. La Directiva (UE) 2024/1799, conocida como derecho a reparar, obligará a los fabricantes a ofrecer el servicio técnico de determinados productos una vez que haya expirado su periodo de garantía legal, aunque el arreglo no será gratuito.
El plazo de transposición y el riesgo de sanción
Los Estados miembros tienen hasta el viernes 31 de julio de 2026 para incorporar la directiva a sus legislaciones. Sin embargo, a fecha de este miércoles no consta publicada en el BOE una norma española que haya completado su transposición. El Gobierno incluyó estas exigencias europeas dentro del anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible en julio de 2025, pero la norma todavía no ha completado su tramitación ni ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. El registro oficial de EUR-Lex consultado el 30 de julio atribuye cero medidas de transposición a España, lo que confirma el retraso.
Si España no aprueba las disposiciones nacionales necesarias antes de que venza el plazo del 31 de julio, la Comisión Europea podrá iniciar un procedimiento de infracción por falta de transposición. Eso no supone una multa automática a partir del 1 de agosto: el proceso suele comenzar con un requerimiento al Estado y puede avanzar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el incumplimiento continúa. El riesgo de un expediente sancionador es real, y el Gobierno apura los plazos normativos para evitarlo.
Obligaciones de los fabricantes
Cuando España complete la transposición, el fabricante deberá reparar determinados productos si el consumidor lo solicita y el arreglo resulta posible. El servicio podrá ser gratuito o tener un precio razonable, y deberá prestarse dentro de un plazo adecuado. La norma no promete reparaciones gratis en todos los casos, sino que busca impedir que el coste o la demora hagan inviable prolongar la vida del equipo. Las marcas tendrán que facilitar repuestos, herramientas e información técnica en las condiciones fijadas para cada categoría, y los precios de las piezas tampoco podrán desincentivar el arreglo.
Además, las empresas no podrán negarse a arreglar un dispositivo alegando que anteriormente fue abierto por un servicio técnico no oficial o que incorpora piezas compatibles en lugar de componentes originales. Tampoco podrán utilizar condiciones contractuales, programas informáticos o sistemas técnicos que obstaculicen injustificadamente la reparación. Con ello, Bruselas pretende fomentar una mayor competencia en el mercado de las reparaciones y reducir el precio que pagan los usuarios.
Productos cubiertos y duración del derecho
La medida no comprende automáticamente cualquier aparato electrónico o electrodoméstico. Se aplica a los bienes para los que la legislación europea ya impone requisitos de reparabilidad. La lista incluye teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, tablets, televisores y pantallas. También alcanza a productos como lavadoras, lavasecadoras, lavavajillas, frigoríficos, secadoras y aspiradoras. La relación alcanza equipos de soldadura, servidores, sistemas de almacenamiento y bienes con baterías para medios ligeros de transporte.
El periodo durante el cual podrá exigirse la reparación dependerá de la regulación concreta de cada categoría. Las normas europeas de diseño ecológico establecen durante cuánto tiempo deben facilitarse piezas de recambio, herramientas o información técnica, por lo que no existe un plazo único para todos los aparatos. La Comisión señala que esos plazos suelen moverse entre cinco y diez años, según la categoría del producto. La lista podrá ampliarse en el futuro si la Unión Europea aprueba nuevos requisitos de reparabilidad para otros bienes.
Cambios en la garantía legal
El nuevo sistema también cambia lo que ocurre cuando el aparato todavía está en garantía. Si el consumidor opta por repararlo en lugar de sustituirlo, el periodo de responsabilidad del vendedor deberá ampliarse al menos doce meses. Esta extensión se aplicará a los contratos de compraventa realizados a partir del 31 de julio de 2026. Cada Estado miembro podrá establecer una ampliación superior. La intención es evitar que el cliente prefiera recibir un producto nuevo por miedo a que el aparato reparado vuelva a fallar poco después de terminar la cobertura.
Hasta que España publique y comunique su transposición, el consumidor puede ir guardando la factura, el modelo, el número de serie y el diagnóstico técnico. También puede ver el historial de piezas y servicios, pedir al fabricante un presupuesto escrito, el plazo previsto y la causa concreta de una negativa. Esa documentación permitirá identificar el producto, comparar condiciones y dejar constancia de la solicitud cuando el régimen nacional esté operativo. La plataforma europea para localizar reparadores y vendedores de productos reacondicionados está prevista para 2027.
Con este cambio legislativo, España se suma a una transformación impulsada desde Bruselas que pretende dejar atrás el modelo de consumo basado en sustituir un producto al primer fallo. A partir del 31 de julio, la reparabilidad y la prolongación de la vida útil de los dispositivos ganarán protagonismo como elementos esenciales de la política de consumo europea. Reparar un móvil o un televisor fuera de garantía dejará de ser una odisea para convertirse en un derecho exigible, siempre que el país cumpla a tiempo con la transposición de la directiva.
