- El Noveno Circuito permite que más de 3.000 demandas contra Meta, TikTok, Google y Snap sigan adelante.
- La Sección 230 no protege a las plataformas frente a acusaciones de diseño adictivo en esta fase.
- Meta se enfrenta a un juicio histórico con 29 estados y a indemnizaciones millonarias en Nuevo México.
- El caso podría sentar precedente para Europa y reforzar la regulación digital.
La batalla legal contra las grandes tecnológicas por el diseño adictivo de sus plataformas ha dado un giro decisivo. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dado luz verde a que miles de demandas contra Meta, Google, TikTok y Snap continúen su curso, tras rechazar el intento de estas empresas de frenar los litigios alegando la protección de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. La decisión, emitida el pasado lunes por el Noveno Circuito, con sede en San Francisco, supone un duro revés para la estrategia legal de las plataformas, que pretendían que los tribunales desestimaran de forma anticipada las acusaciones de que sus productos fomentan la adicción entre los menores.
El fallo no resuelve el fondo del asunto, pero establece un precedente procesal de gran calado: la Sección 230 no es una inmunidad absoluta frente a demandas, sino una defensa que puede invocarse en etapas posteriores. En la práctica, esto significa que las compañías deberán enfrentarse a la fase de descubrimiento de pruebas, donde se podrán examinar documentos internos, correos electrónicos y estudios sobre cómo afectan las redes sociales a la salud mental de los jóvenes. Los demandantes, que incluyen fiscales generales estatales, distritos escolares y familias, celebran la decisión como un paso necesario para que la verdad salga a la luz.
Miles de casos avanzan y el juicio de los 29 estados arranca sin demora
El tribunal de apelaciones también desestimó la petición de Meta para aplazar el juicio promovido por los fiscales generales de 29 estados, que comenzó esta misma semana en un tribunal federal de Oakland, California. Los estados acusan a la compañía de recopilar ilegalmente datos de menores, diseñar funciones como el scroll infinito y las notificaciones push para maximizar el tiempo de uso, y de haber engañado a los consumidores sobre la seguridad de sus servicios. La selección del jurado arrancó el miércoles y las declaraciones iniciales están previstas para el 18 de agosto, con un veredicto que podría conocerse a principios de octubre. Se estima que las reclamaciones económicas podrían superar los 1,4 billones de dólares, una cifra sin precedentes en la historia de la industria tecnológica.
Más de 3.000 demandas federales se han consolidado ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, mientras que en los tribunales estatales de California se acumulan aproximadamente 3.300 casos similares. La magnitud del litigio ha llevado a los analistas a compararlo con la lucha contra la industria tabacalera en los años 90. La cuestión central ya no es qué publican los usuarios, sino cómo las plataformas están diseñadas para enganchar. Los demandantes sostienen que los algoritmos de recomendación, las notificaciones intermitentes y la gratificación instantánea son características deliberadamente creadas para explotar la psicología de los jóvenes, causando efectos negativos en los adolescentes, ansiedad, depresión y trastornos de imagen corporal.
Veredictos previos y sanciones millonarias en Nuevo México
El precedente más contundente llegó en marzo de este año, cuando un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y Google responsables por negligencia en el caso de una joven que afirmó haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube desde la infancia. La indemnización fue de 6 millones de dólares, con Meta asumiendo el 70% y YouTube el 30%. Un día antes, un tribunal de Nuevo México había ordenado a Meta pagar 375 millones de dólares por engañar a los consumidores sobre el impacto de sus plataformas. La semana pasada, el mismo estado añadió 567 millones más, tras calificar a Facebook e Instagram de «molestia pública» por su contribución a la crisis de salud mental adolescente. En total, la cifra asciende a 942 millones de dólares, aunque Meta ha anunciado que recurrirá.
Estos fallos no solo implican sanciones económicas, sino también medidas concretas sobre el funcionamiento de las plataformas para menores, como controles de edad, restricciones de uso y limitaciones en las notificaciones. Aunque algunas peticiones más intrusivas, como modificar los algoritmos, fueron rechazadas por el juez, la tendencia judicial apunta a que el diseño de producto puede ser examinado y regulado. En este contexto, la decisión del Noveno Circuito cobra especial relevancia, ya que permite que los casos avancen y que los tribunales puedan evaluar las pruebas internas de las compañías.
El impacto en Europa y España
La ola de demandas en Estados Unidos no es un fenómeno aislado. En Europa, la Ley de Servicios Digitales (DSA) ya obliga a las grandes plataformas a evaluar los riesgos sistémicos, incluidos los efectos sobre la salud mental de los menores. Un veredicto adverso en EE.UU. reforzaría la posición de los reguladores europeos y podría acelerar nuevas normativas. En España, la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a Meta por el tratamiento de datos de adolescentes, pero las multas son insignificantes comparadas con las cifras que se manejan al otro lado del Atlántico. La posible doctrina sobre responsabilidad por diseño podría inspirar demandas similares en los tribunales españoles, donde los afectados ya han comenzado a organizarse.
El caso que se está dirimiendo en California no solo determinará el futuro financiero de Meta, sino que podría redefinir el modelo de negocio basado en la publicidad conductual. Si el jurado encuentra culpable a la compañía, el sector entero tendrá que replantearse sus prácticas. Los abogados de los demandantes han señalado que el juicio permitirá al público conocer qué sabía Meta sobre el impacto de sus productos en los niños, cuándo lo supo y qué decisiones tomó al respecto. La transparencia será clave para restaurar la confianza en unas plataformas que han crecido sin apenas cortafuegos legales.
La decisión del Noveno Circuito no es el final del camino, sino un punto de inflexión. Las empresas tecnológicas deberán ahora sentarse en el banquillo y rendir cuentas sobre cómo sus productos han afectado a una generación entera. El resultado de estos litigios marcará un antes y un después en la responsabilidad de las plataformas digitales, tanto en Estados Unidos como en Europa. La presión social y regulatoria aumenta, y la pregunta ya no es si las redes sociales pueden ser adictivas, sino quién asume las consecuencias cuando lo son. Los próximos meses serán cruciales para definir si la justicia estadounidense sienta un precedente que obligue a la industria a poner la salud de los menores por delante de los beneficios.
