- Un juez de Nuevo México ordena a Meta pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los menores.
- La sentencia se suma a los 375 millones impuestos en marzo, elevando la sanción total a 942 millones.
- El fallo impone medidas inéditas como límites de uso, restricción de notificaciones y verificación de edad para menores.
- Meta ha anunciado que recurrirá la decisión, mientras crece la presión regulatoria en Europa y otros países.
La justicia estadounidense ha vuelto a poner el foco en el gigante tecnológico Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, por el impacto de sus plataformas en la salud mental de los más jóvenes. Un tribunal del distrito de Santa Fe, en Nuevo México, ha dictado una sentencia histórica que obliga a la compañía a desembolsar 567 millones de dólares (unos 492 millones de euros) destinados a un fondo de reparación para los daños causados a los menores. El fallo, firmado por el juez Bryan Biedscheid, considera que el diseño y el funcionamiento de las aplicaciones de Meta constituyen una «molestia pública» que perjudica la salud y la seguridad de los adolescentes.
Esta resolución pone fin a la segunda fase de un proceso civil que comenzó en 2023, cuando el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó una demanda contra la compañía. La acusación sostenía que Meta no solo era consciente de los riesgos que sus redes sociales suponían para los jóvenes, sino que además ocultaba información relevante a las familias para no perder la atención de los usuarios, el verdadero motor de su negocio. Con esta nueva condena, la responsabilidad económica total de la empresa en este caso asciende a 942 millones de dólares, sumando los 375 millones que ya le fueron impuestos en una primera fase del juicio.
Un fallo que marca un antes y un después
La decisión del juez Biedscheid no se limita a la sanción económica. El tribunal ha ordenado a Meta implementar una serie de medidas correctivas que deberán aplicarse durante los próximos cinco años en las cuentas de los menores de Nuevo México. Entre ellas destaca el establecimiento de un límite de 90 horas mensuales de uso acumulado entre Facebook e Instagram para los usuarios menores de 18 años. También se restringen las notificaciones push, que no podrán enviarse entre las 22:00 y las 07:00 horas, ni durante el horario escolar, y se oculta el recuento de «me gusta» por defecto, salvo autorización expresa de los padres.
Otra de las medidas más innovadoras es la obligación de reforzar los sistemas de verificación de edad. Meta deberá desarrollar, en un plazo de dos años, un modelo capaz de predecir si un usuario es menor de 13 años basándose en señales de comportamiento, como las cuentas que sigue o el lenguaje utilizado en los comentarios. Si el sistema detecta indicios de que se trata de un menor, la compañía deberá solicitar una prueba de edad en un máximo de 30 días y, mientras tanto, tratar esa cuenta con las restricciones previstas para menores. Además, se prohíben las interacciones con inteligencia artificial románticas o sexualizadas entre los chatbots y los menores de 18 años.
Documentos internos y testimonios clave
Durante el proceso, que se ha convertido en un caso de referencia en Estados Unidos, se presentaron pruebas contundentes. Documentos internos de Meta revelaron que la compañía era plenamente consciente de los riesgos que sus plataformas suponían para los adolescentes. Una presentación de 2020 explicaba a los empleados que el cerebro adolescente está «madurado en un 80%» y que la parte que falta, la corteza frontal responsable del juicio y la planificación, hace a los jóvenes «muy vulnerables» a los mecanismos que maximizan el uso de la plataforma. Arturo Bejar, ex responsable de ingeniería del equipo de protección de Meta, testificó que el sistema de recomendaciones funciona igual de bien si los intereses del usuario son inapropiados, y que documentos internos de 2019 mostraban que una cuarta parte de las cuentas que Instagram afecta a la salud mental recomendaba a usuarios identificados como depredadores eran cuentas de menores.
El juez también se apoyó en el análisis de un experto en decisión computacional, según el cual uno de cada diez menores de entre 11 y 17 años en Nuevo México tiene al menos un problema de salud mental que no habría desarrollado sin usar redes sociales. El mismo análisis atribuye a estas plataformas el 26% de los casos de depresión adolescente, el 20% de los de ansiedad y el 40% de los trastornos alimentarios entre estudiantes de secundaria. Los datos del estado reflejan una tendencia alarmante: los sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza eran, en 2023, un 16% más frecuentes que diez años antes, y los episodios de depresión mayor se habían más que duplicado.
Reacciones y próximos pasos
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ha celebrado la sentencia como una «victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales les están haciendo a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer más seguros en internet». En su comunicado, Torrez subrayó que «este caso siempre ha tratado de proteger a los niños, defender a las familias y asegurar que una de las mayores empresas tecnológicas del mundo no pueda lucrar con prácticas que ponen en peligro a los jóvenes sin enfrentar consecuencias».
Por su parte, Meta ha anunciado que apelará el fallo. En un comunicado, la compañía aseguró que «trabaja intensamente para mantener a las personas seguras en sus plataformas» y que ha sido «transparente sobre los desafíos de identificar y eliminar a los actores malintencionados y el contenido dañino». La empresa también defendió su historial de protección de los adolescentes en línea y acusó a los demandantes de «tergiversar los hechos». A pesar de estas declaraciones, la presión judicial contra Meta no hace más que aumentar. Más de 30 estados estadounidenses han presentado demandas similares, y a finales de este mes está previsto que comience en California el primer juicio federal impulsado por 29 estados, que acusan a la compañía de diseñar deliberadamente funciones adictivas en Facebook e Instagram.
El debate se extiende a Europa
Mientras tanto, el debate sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores ha traspasado las fronteras de Estados Unidos. En Europa, la Comisión Europea está preparando una propuesta legal para regular o restringir el acceso de los menores a las redes sociales en todo el bloque comunitario. Tras recibir las recomendaciones de un panel de especialistas en derechos de la infancia, la presidenta Ursula von der Leyen prevé presentar el borrador oficial de la normativa a la vuelta del verano. Bruselas pretende imponer restricciones estrictas o prohibiciones de acceso con control parental para menores de 13 años, al estilo de la norma danesa.
Francia ha sido el último país en apostar por una legislación de este tipo. El Gobierno de Emmanuel Macron aprobó en julio una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años sin consentimiento paterno, con entrada en vigor prevista para septiembre. Dinamarca fue el primer país de la Unión Europea en legislar el veto a menores de 15 años, aunque su normativa es más flexible, ya que permite el acceso a los menores de 13 y 14 años bajo supervisión parental expresa. Fuera de Europa, Indonesia implementó en marzo una estricta restricción para menores de 16 años en plataformas de Meta, TikTok y YouTube, y Malasia también aplica desde este verano un bloqueo de cuentas a menores de 16 años en aplicaciones masivas.
La sentencia de Nuevo México sienta un precedente importante al tratar el diseño de una red social con las mismas herramientas legales que durante un siglo se han utilizado para obligar a una fábrica a dejar de contaminar el aire de un barrio. El juez Biedscheid lo expresó con claridad: «Al igual que la contaminación nociva producida por una fábrica puede afectar el derecho colectivo a disfrutar de un aire razonablemente limpio, los efectos perjudiciales de las plataformas de Meta sobre los menores no permanecen confinados dentro de ellas. Se extienden al conjunto de internet y, lo que resulta aún más preocupante, al mundo real, generando una carga y un daño social compartido para los menores afectados, sus familias, las escuelas, los hospitales y las fuerzas del orden».
Con esta condena, Meta se enfrenta a un escenario cada vez más complejo, con miles de demandas en Estados Unidos y una creciente presión regulatoria en Europa. La compañía ha anunciado que recurrirá el fallo, pero la pregunta de fondo sigue sobre la mesa: si el molde legal diseñado para el humo que se ve y se huele sirve también para un daño que ocurre en la pantalla de un teléfono. Lo que queda, por ahora, es la fotografía de un tribunal que, por primera vez en Estados Unidos con este nivel de detalle, ha tratado el diseño de una red social con las mismas herramientas legales que durante un siglo se han usado para obligar a una fábrica a dejar de contaminar el aire de un barrio. La decisión de Nuevo México no solo obliga a Meta a pagar una cifra millonaria, sino que también la obliga a rediseñar la forma en que sus plataformas tratan a los adolescentes, un cambio que podría marcar el inicio de una nueva era en la regulación de las redes sociales.